El otrora ministro de Industria Miguel Sebastián explicaba hace unos
días el trasfondo de la nominación de cargos como el de José Manuel
Soria para el Banco Mundial: “La cuestión no es que el ministro de turno
no pueda decidir sobre esos destinos. La cuestión es que sólo puede
decidir si el ministro es técnico comercial”. Agrandando el dilema,
añadía que “buena parte de ellos han ocupado puestos muy relevantes en
los gobiernos de la democracia. Además de los casos más conocidos del
último Gobierno del PP, Soria y De Guindos, han sido miembros del cuerpo
de técnicos comerciales los vicepresidentes Fuentes Quintana, García
Díez y Solbes, los cinco últimos gobernadores del Banco de España
(excepto Mariano Rubio), 11 ministros y 22 secretarios de Estado”. La
impotencia e inquietud que transmitían las palabras del exministro
socialista recuerdan a aquel artículo aparecido en el diario Pueblo el 5
de febrero de 1964: “Lo que sorprende a los españoles –desconfiados
como pueblo viejo y escaldado— es la aparición súbita e intensa del Opus
Dei, a través de sus miembros, en organismos culturales, en empresas
industriales, en entidades bancarias y en altos puestos de la
Administración”.
En ambos periodos, en dictadura y en democracia, nacen voces que
denuncian la autonomía y poder de un cuerpo de funcionarios y políticos,
discretamente agrupados, informalmente coordinados. El ministro De
Guindos justificaba el martes 18 ante la Comisión de Economía que el
nombramiento de Soria se ajustó a los criterios de la convocatoria y a
la adecuación al puesto. El titular de Economía dejaba a un lado su
implicación en los principios que guiaban esa decisión: él mismo
pertenece al Cuerpo de Economistas del Estado que crearon en los años 50
los ministros franquistas adscritos a la orden de Escrivá de Balaguer,
orden a la cual él mismo es afín.
El Cuerpo de Economistas del Estado fue creado en los
años 50 por ministros franquistas adscritos a la orden de Escrivá de
Balaguer
El cuerpo de economistas, junto al de técnicos comerciales creado en
los años 30, se ocupó de diseñar y dirigir el plan de estabilización de
1959, así como de conectar el país a instituciones internacionales
durante los años 50. En el 75º aniversario del Cuerpo de Técnicos
Comerciales (creado en 1930 y fusionado con los Economistas del Estado
en 1984), éste se jactaba de su poder: “En la actualidad, el Cuerpo está
formado por un total de 560 miembros, de los que 90 disfrutan de su
jubilación y 470 trabajan. De estos últimos, 303 están activos en la
Administración General del Estado, 36 están en régimen de servicios
especiales y 131 trabajan en el sector privado en excedencia. El Cuerpo
mantiene una importante presencia internacional, con 120 compañeros
ocupados fuera de España, de los cuales 95 ocupan destinos en Oficinas
Económicas y Comerciales y 19 en organismos multilaterales
internacionales”.
En su obra Camino,el fundador del Opus, Escrivá de Balaguer, rezaba:
“Los poderosos suelen ser volubles, y tú has de ser constante. Sé
agradecido, si te ayudan. Y continúa, imperturbable, si te desprecian”.
Los gerifaltes del franquismo sucumbieron a sus apostolados. En los
primeros años de posguerra, el almirante Carrero Blanco y el general
Ibáñez Martín frecuentaban las charlas de Escrivá en El Pardo,
escuchando con admiración las palabras del discreto profeta. Para Ibáñez
Martín, ministro de Educación, era todo un ejercicio de expiación,
después de la purga de profesores de todo el sistema educativo.
Los cargos imputados a los represaliados —desde “observar conducta de
verdadero ateo, hacer alarde de irreligiosidad, jactarse de no ser
creyente, hacer pública ostentación de ser laico, incumplimiento de los
deberes religiosos”, hasta “relacionarse con obreros”—, machacaban la
conciencia del general. Los 20.000 profesores depurados merecían su
suerte, pensaba al escuchar la llamada a la “cruzada de virilidad y
pureza”, pues Escrivá los señalaba: “Esa es vuestra obra”.
Era el momento que esperaban para ascender, después de que Marcial
Maciel y los Legionarios de Cristo mediaran en los préstamos con EE.UU.
en 1953 (60% para construcción de bases, 30% para transportes,
comunicaciones e industrias defensivas) y en el concordato con el
Vaticano a través del ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo.
A pesar de contar con la complacencia de militares americanos y
obispos, Escrivá se podía reír del poder de estos, pues, a partir de
1956, disponían de un puñado de ministros: Comercio (Alberto Ullastres),
Hacienda (Mariano Navarro Rubio), Presidencia (Carrero Blanco como
subsecretario del Gobierno de Presidencia) y López Rodó (Secretaría
General Técnica, con rango de ministro). Pero, conscientes de la
“volubilidad” de los poderosos, pretendían hacer del Estado su Obra.
Para ello abanderaron el plan de estabilización de 1956, la negociación
de la entrada de España en el FMI, el Banco Mundial y el GATT. Para
llevar a cabo todo el proceso, ese mismo año López Rodó firmó la
creación del Cuerpo de Economistas del Estado, al servicio de
Presidencia, bajo mando del patriarca Carrero Blanco y su lugarteniente
López Rodó. Esa primera promoción dió nombres como el de Alberto Monreal
Luque, posterior ministro de Hacienda entre 1969 y 1973, coronado como
presidente de Tabacalera durante el franquismo y los gobiernos de UCD
(1974-1982).
No obstante, la Obra estaba dispuesta a abrirse a otros afines. Rodó
confesaba en sus Memorias que él había nombrado a 17 ministros, pero
sólo dos eran del Opus. Eran los llamados “Gropus” por el general Manuel
Monzón Altolaguirre. La esencia, según el patriarca López Rodó, era:
“La mayoría me dieron pruebas de lealtad y supieron corresponder a la
confianza que había depositado en ellos”. Se plegaron, como plastilina, a
los cimientos del ministerio de Economía, al Banco de España y a las
corporaciones industriales del Estado. Esa obra llega hasta hoy, cuando
De Guindos, afín a la Obra, ex asesor y directivo de Lehman Brothers y
economista del Estado, era nombrado en 2012 ministro de Economía. La
Obra, discreta, alarga sus tentáculos hasta tapar el artículo 16.3 de la
Constitución de 1978 que sitúa el carácter aconfesional del Estado.
El PSOE se tapó los ojos ante aquella maquinaria conducida por grupos
de burócratas y fieles. En 1977 había participado en la Ley de Amnistía
que permitió recolocar sin revisión alguna a los 32.000 funcionarios
del aparato franquista (cuerpos del Estado, prensa oficial, sindicato
vertical, Movimiento Nacional y funcionarios de aparatos de represión
como la Dirección General de Seguridad). También adoptó a los
socialdemócratas de UCD, como el subgobernador del Banco de España con
UCD, Mariano Rubio, a Francisco Fernández Ordóñez o a los Bustelo (uno
de los hermanos, ministro de UCD –Carlos—; el otro, diputado socialista
–Francisco-).
Sin embargo, en medio apareció otro grupo que quiso imitar el modus
operandi del Gropus. Era un grupo temido en los círculos financieros,
que los llamaba la “banda de los cuatro”, en la que participaban el
ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga; el gobernador del
Banco de España, Mariano Rubio; el presidente del Hispano Americano
—tercer banco del país—, Claudio Boada, y el ministro y posteriormente
presidente del Banco Exterior, Miguel Boyer.
Aquel grupo inició la reconversión industrial, llevó a cabo la
privatización de empresas públicas, culminó el mayor proceso de
concentración bancaria de la historia y nos metió en Europa en 1988.
Según los estudios de Mendieta (1999), el 80% de las direcciones
generales en el primer gobierno socialista estaba ocupado por altos
cuerpos del Estado, mientras que el 20% eran ocupados por cuadros del
partido.
En el poder económico eran también fundamentales. En las empresas del
Ibex35, en 1992, eran un total de 82 los consejeros pertenecientes a
altos cuerpos del Estado, de los cuales 26 eran abogados del Estado y
17, técnicos comerciales y economistas del Estado. De éstos, cuatro eran
técnicos comerciales economistas del Estado nombrados por Solchaga en
sus puestos: Francisco J. Landa Aznárez (de director general de Comercio
Exterior a Repsol), José Juan Ruiz Gómez (de secretario general de
Economía Internacional y Competencia pasó a Tabacalera), Luis Sempere
Couderc (de director general de su gabinete pasó a Tabacalera), Luis
Alcaide de la Rosa (de director general de Transacciones Exteriores a
Telefónica y Tabacalera, posteriormente juzgado en 1997 por cobrar una
comisión de casi 300.000 euros por vender una empresa pública textil,
Intelhorce, a una empresa italiana), Elena Salgado (directora general de
Costes y consejera de Telefónica); y finalmente Guillermo de la Dehesa
Romero, el gran arquitecto de las privatizaciones como secretario de
Estado de Economía, asesor en la privatización de Rumasa, y posterior
vicepresidente del Banco Santander.
El 80% de las direcciones generales en el primer gobierno
socialista estaba ocupado por altos cuerpos del Estado, mientras que el
20% eran ocupados por cuadros del partido
A ellos habrá que sumar a Luis Ángel Rojo, técnico comercial,
gobernador del Banco de España desde la intervención de Banesto con el
PSOE (1992) hasta el segundo Gobierno de Aznar (2000), y desde 2005
consejero en el banco adjudicatario de Banesto, el Banco Santander. El
grupo sufrió un revés tras el caso Ibercorp, que llevó al banquillo a
Boyer y a Mariano Rubio, pero se recuperó, dejando a Solchaga como el
gran asesor de empresas del Ibex35 a través de su consultora Solchaga y
Recio (montada al 50% con el exdirector del BBV) y consejero de Zeltia.
Con la llegada de Aznar, inspector de Hacienda, su poder se
acrecienta tras la aprobación de la Ley
6/1997 por la cual los órganos
directivos de la Administración (subsecretarios, directores generales,
secretarios generales técnicos y subdirectores generales) tienen que
formar parte del grupo A, posibilitando así una mayor relevancia de los
altos cuerpos del Estado. Para favorecer la “pureza” de la
Administración, durante este Gobierno se cesará entre 1996 y 1997 a un
total de 3.000 personas de puestos directivos de la Administración
central. Pero en lo esencial, no cortará con la lógica instaurada desde
tiempos de UCD: la secretaría de Estado de Economía será para un
economista del Estado. Lo fue con Suárez (José Ramón Álvarez-Rendueles
Medina), con González (Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Guillermo de la
Dehesa, Pedro Perez Fernandez), con Aznar (Conthe, De Guindos), con
Zapatero (Fernando Jiménez Latorre, elevando a Salgado como ministra de
Economía) y con Rajoy (Iñigo Fernández de Mesa como secretario de Estado
y Luis de Guindos como ministro).
Algunos de estos técnicos comerciales y economistas del Estado
tienen, además, el privilegio de acceder a grupos cerrados, rodeados de
un aura conspiranoica. Es el caso de Guillermo de la Dehesa, economista
del Estado y primer español en acceder al Club Bilderberg, seguido desde
2006 de su compañero en el Santander y economista del Estado Matías
Rodríguez Inciarte, otrora ministro de Presidencia con UCD. Años más
tarde se unirán Pedro Solbes (2009, 2010). En 2013 fue invitado el
opusino De Guindos, entre una enorme expectación tras el rescate a la
banca. Desde su entorno se denunciaría una maniobra de Juan Luis
Cebrián, asiduo al grupo, de boicotear ante dicho Club su candidatura al
Eurogrupo. El líder socialista, Pedro Sánchez, fue invitado a la
edición de 2015 pero finalmente no acudió “por problemas de agenda”,
según sus propias declaraciones. La reunión de 2016, que se celebró unas
semanas antes de las elecciones de junio, no contó con ningún miembro
del Gobierno español. El Club invitó a Albert Rivera, que tampoco
acudió. En su lugar asistió Luis Garicano, que acompañó al delegado y
hacedor de la lista española del club, Juan Luis Cebrián, y a la
presidenta del Santander, Ana Patricia Botín. Según su propia página, en
esas reuniones de 140 personas de primer rango “no se proponen
resoluciones, no hay votos, y no hay planificación de políticas
públicas”.
Siguiendo los postulados que rigen en el club, “la máxima
discreción”, De Guindos defendió ante la Comisión de Economía que Soria
acabó en el Banco Mundial por una “designación discrecional”, siguiendo
así el postulado de Balaguer, que aconseja: “¡Qué fecundo es el
silencio! —Todas las energías que pierdes, con tus faltas de discreción,
son energías que restas a la eficacia de tu trabajo. — Sé discreto”.
Por fortuna para muchos, finalizada aquella comisión, en la que no se
averiguó nada, se mantienen los principios que sostienen a los altos
cuerpos del Estado que, diligentemente y en silencio, viven de los
privilegios de continuar con uno y otro gobierno. Como lo hace el Club
Bilderberg desde su fundación en 1954, en aquel periodo del ascenso del
Opus Dei y de la llegada de España a los organismos multilaterales como
el Banco Mundial. Estos organismos encandilaron a los funcionarios con
la frase de Gracián, obligándoles a repetirse: “Soy política también, y
aun la gala de la mayor razón de Estado, que ésta y yo hicimos inmortal
al rey”.
Fuente: ctxt
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