Gerardo Iglesias, fundador de Izquierda Unida, no ha podido declarar
ante la Justicia por las torturas que sufrió durante la dictadura. La
declaración del ex secretario general del PCE ha sido suspendida a
petición de la Fiscalía. Gerardo Iglesias había sido citado para que
prestara declaración por la querella que en su día interpuso en la
Querella Argentina por las torturas sufridas durante su primera etapa en
la mina, las palizas que recibieron sus padres y el asesinato de un
tío. La denuncia de Iglesias supuso la imputación en Argentina del
policía Pascual Honrado. Iglesias denunció que Honrado era uno de los
torturadores más terribles y el más bestia de la sesión de tortura que
recibió. Estaba especializado en tumbarte al suelo dándote puñetazos en
el hígado. Te daban patadas, hostias de toda clase, sufrías todo tipo de
ensañamientos, aparte de humillaciones.
La
abogada Ana Messuti ha denunciado el trato degradante que ha sufrido
Gerardo Iglesias por la Justicia. Iglesias acudió haciendo un enorme
esfuerzo de salud al Juzgado. Tuvo que medicarse fuertemente para poder
aguantar una hora de declaración ya que ha sido operado recientemente.
Un minuto antes de empezar le dijeron que se le prohibía declarar porque
habían recibido un mensaje de la Fiscalía.
Esta una de los mucho casos de las trabas que el poder judicial está
poniendo a la Querella Argentina, tras la denegación de extradición de
los torturadores para tomarles declaración. Este pasado agosto, Félix
Padín Gallo, compañero de la CNT recientemente fallecido, fue citado a
declarar por María Servini. A pesar de la obstrucción de la Justicia
española, la jueza se entrevistó personalmente con Félix, quien pudo
testimoniar finalmente en el Juzgado de Miranda de Ebro.
Pero
además es una forma de encubrir, apoyar y aceptar como legítimas las
torturas y la violencia policial. E impedir a un ciudadano el derecho a
declarar ante la Justicia es un acto dictatorial inadmisible.
Los sindicatos policiales, presuntamente demócratas y las
organizaciones de fiscalía y de abogacía, tienen el deber moral de
denunciar a una Fiscalía que denigra el concepto de Justicia, y la labor
de la policía.
Mientras la “Justicia” siga en manos de franquistas que siguen
defendiendo las torturas y los crímenes de lesa humanidad y negando las
garantías procesales propias de un Estado democrático. Mientras sigamos
gobernados por un partido y a un gobierno cuyos dirigentes, nietos de
los asesinos fascistas, siguen vejando públicamente a las víctimas y a
los familiares de víctimas. Mientras el Parlamento no condene el régimen
dictatorial. Mientras las instituciones no respeten la Memoria
Histórica y la Justicia, en España no habrá una Democracia Real.
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